El Supremo falla que el campo de golf de Chamberí no es legal

El campo de golf que Esperanza Aguirre estrenó hace cinco años en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II, en pleno corazón del barrio de Chamberí, no es legal. No cumple con los requisitos administrativos exigidos para justificar su condición de interés general, la fórmula que la Comunidad ideó para salvar el proyecto cuando el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Gallardón de alcalde, le denegó la licencia al no cumplir ciertos requerimientos urbanísticos. Así lo entiende el Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso de casación que la Comunidad interpuso a la sentencia de enero de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que falló con los mismos argumentos.

 

“Se desprende con meridiana claridad que el excepcional interés público (…) no está motivado en el caso de autos, pues responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística que, en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos (…) y no a la existencia de razones excepcionales de interés público que tendrían que haberse puesto convenientemente de manifiesto”, reza a fecha 12 de diciembre de 2012 el texto de la sala quinta de la sección tercera del Supremo, que no admite más recursos y da la razón, como hizo el TSJM, a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, primera en cuestionar que el campo fuera bien de interés general.

 

Cinco meses antes de la inauguración, el 16 de octubre de 2006, la dirección General de Gestión Urbanística ordenó “la suspensión inmediata” de las obras, dando un plazo de dos meses para que la Comunidad solicitara una “nueva licencia que ampare unas obras ilegales”. Dos meses más tarde el Ayuntamiento emitió un informe “desfavorable” de la solicitud de modificación de licencia. Aunque no mostraba inconveniente en suprimir un helipuerto que había entonces, en modificar el trazado de la zona verde e incrementar el número de pistas en superficie, exigía la tramitación del plan especial y un informe de evaluación ambiental para conceder la licencia de construcción de tres pabellones y sustentar las redes, cuestionando “las afecciones paisajísticas y la valla perimetral”. El Colegio de Arquitectos fue más allá y consideró “inadmisible” el campo de golf “en una zona necesitada de espacios verdes y al amparo de una licencia de obra distinta en naturaleza y uso a la originariamente prevista: un parque público”.

 

El Consejo de Gobierno salió al paso el 18 de enero de 2007 declarando de interés general el proyecto de obras de restauración y consolidación del depósito, así como las zonas verdes e instalaciones deportivas en su superficie. La Comunidad pensó que así resolvía el problema, que arrastra desde entonces. Voces autorizadas del Gobierno madrileño plantean dos soluciones al entuerto legal. El plan A pasa por justificar la motivación específica de las redes y las plataformas de tiro. El plan B consiste en que el Ayuntamiento haga una modificación puntual del plan general, para lo que depende del visto bueno del Palacio de Cibeles. “Lo que está claro es que eso no se puede tirar, porque la sentencia solo afecta a unas partes muy concretas. Hacerlo sería una locura”, zanjan desde la Comunidad.

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